La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y desestimó la demanda interpuesta contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Estado Nacional. El fallo dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto 1395/1998 y la nulidad de la Resolución CNRT 628/2012, normas que exigen la presentación del certificado de libre deuda de multas firmes para realizar trámites ante el organismo de contralor.

 

La acción judicial había sido promovida por la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI) con el objetivo de invalidar dicho requisito administrativo. La entidad sostuvo que la exigencia de regularizar multas para avanzar en gestiones operativas afectaba el derecho de propiedad y la ecuación económico-financiera de las empresas, constituyendo una sanción accesoria irrazonable y no prevista en la Ley 21.844 de penalidades del autotransporte.

Al abordar el análisis del caso, la mayoría del tribunal —con la remisión al criterio del juez Horacio Rosatti y el voto concurrente del juez Carlos Rosenkrantz— centró su decisión en la falta de legitimación procesal activa de la entidad actora. El fallo recordó que la intervención de la Justicia federal exige la existencia de un “caso” o “controversia” real, lo que requiere que quien litiga cuente con un interés directo, concreto y personal en el resultado del proceso.

 

En tal sentido, la Corte precisó que las cláusulas del estatuto social de una entidad civil no son suficientes para conferirle representación en juicio respecto de derechos puramente individuales de las empresas que la integran. La sentencia enfatizó que las reglas de legitimación derivan de la Constitución Nacional y de las leyes federales, por lo que no pueden ser modificadas por instrumentos internos de una organización privada. De este modo, la aptitud procesal para cuestionar las regulaciones corresponde, por regla general, a cada una de las empresas eventualmente afectadas.

 

Asimismo, el Máximo Tribunal descartó la pretensión subsidiaria de la actora de encuadrar el reclamo dentro de la doctrina del precedente “Halabi” sobre derechos de incidencia colectiva de intereses individuales homogéneos. El tribunal concluyó que la cámara no demostró que el acceso a la justicia de las empresas se encontrara impedido o fuere de muy difícil concreción de forma individual, ni que se tratara de un grupo tradicionalmente postergado.

 

Por su parte, en su voto individual, el juez Ricardo Lorenzetti coincidió en revocar el fallo de Alzada y rechazar la demanda, pero sustentó su postura directamente en el análisis de fondo de la normativa impugnada.

 

Lorenzetti sostuvo que tanto el Decreto 1395/1998 como la Resolución CNRT 628/2012 fueron dictados dentro de las atribuciones reglamentarias del Poder Ejecutivo para la mejor ejecución de las leyes, ajustándose al espíritu y finalidad de la Ley 21.844 y del estatuto de la CNRT. A su vez, remarcó que la exigencia del libre deuda de multas firmes no resulta irrazonable ni altera el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. El magistrado concluyó que la medida constituye un recaudo legítimo para verificar el comportamiento ajustado a la norma de empresas que prestan un servicio público esencial de transporte de pasajeros, el cual requiere condiciones de seguridad para los usuarios y terceros (art. 42 CN).

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