Organismos de Derechos Humanos y vecinos de Mar del Plata volvieron a reclamar que Gustavo Demarchi, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, vuelva a la cárcel.
La protesta tuvo lugar en la puerta de la vivienda, en Alvarado y Olavarría, donde el ex fiscal general y líder Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata cumple prisión domiciliaria.
“Nadie nos garantiza que no pueda nuevamente mover los hilos para hacer daño”, apuntaron y agregaron: “Esta decisión es una afrenta a la Justicia y un nuevo martirio a sus víctimas, a sus familiares y sobrevivientes”.
Demarchi fue condenado a perpetua en 2016 por seis crímenes cometidos en 1975, fue coautor responsable de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg.
Asimismo, se lo castigó por privación ilegítima de la libertad agravada por media violencia y el homicidio calificado de María del Carmen “Coca” Maggi, y por el delito de asociación ilícita, como jefe de la organización.
Las organizaciones sostienen que las víctimas “no fueron elegidas al azar”, dado que todas tenían un “compromiso militante desde la resistencia política y social en los distintos frentes”.
Sin embargo, el 11 de diciembre de 2019 los jueces Víctor Blanco y Alfredo Ruiz Paz le concedieron la prisión domiciliaria y dejó la cárcel de Marcos Paz para dirigirse a su departamento cercano a la zona comercial de Güemes.
Desde ese momento, las organizaciones de Derechos Humanos vienen pidiendo que se revise la resolución y el genocida vuelva a la cárcel. “Tenemos nuevamente al asesino de nuestros familiares y compañeros entre nosotros”, cuestionaron.
“Demarchi era el único fiscal federal durante la década del setenta, por lo que los secuestros, torturas, persecuciones y homicidios cometidos por él y su banda debían ser investigados por él mismo”, ampliaron sobre el rol de la Justicia.
Además, denunciaron que existe “una máquina perversa compuesta por Jueces y fiscales apañados por sectores políticos, económicos y mediáticos que aplica de manera encubierta una suerte de 2×1, plantando en cada barrio un genocida”.
Finalmente, pidieron las organizaciones de Derechos Humanos pidieron que la Justicia “se ponga de una vez los pantalones largos y tome resueltamente lo que a nivel internacional no se cuestiona”.
Fuente: https://diputadosbsas.com.ar/