El Ministerio de Seguridad Nacional decidió no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal para que los internos sólo puedan estar en los centros educativos los horarios de clases. Se oficializó a través de la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial ayer.
En la norma publicada se argumenta: “El derecho de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior a asociarse en centros de estudiantes -previsto por el artículo 13, inciso b), de la Ley N° 24.521 de Educación Superior y la Ley N° 26.877 de Representación Estudiantil- no se encuentra reconocido normativamente para el supuesto de educación en contexto de encierro (Capítulo XII de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y Capítulo VIII de la Ley N° 24.769, texto según Ley N° 26.695)”.
La formación de los centros estudiantiles dentro del Servicio Penitenciario Federal, según la resolución suscripta por la ministra Patricia Bullrich, no está expresamente reconocida en la legalidad ni por la administración penitenciaria, y “tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos”, al impedir el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad.
La Resolución cita los ejemplos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA, el Complejo Penitenciario Federal I y el Complejo Penitenciario Federal IV donde se encuentran grupos de personas agrupados en centros de estudiantes. Para el Gobierno, esta realidad colisiona con la obligatoriedad de trabajar en tareas de mantenimiento, limpieza e higiene de los espacios propios y comunes, como lo estipuló dicho Ministerio en la Resolución 1346/2024.
“No permitir la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”, estipula el artículo 2° de la Resolución.
La actividad extendida en estos espacios por fuera del horario de clases no permite el “normal desenvolvimiento” del resto de las actividades, sino que “ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad”.
Cabe resaltar, por último, que los centros de estudiantes en la mayoría de las cárceles de jurisdicción provincial se encuentran expresamente habilitados.
