La situación de los cultivadores y productores de derivados del cannabis con fines medicinales en Buenos Aires es compleja. Por un lado, padecen los problemas de salud que cargan ellos o sus familiares y por otro, se exponen a la clandestinidad a la que están sometidos por la ausencia de una ley que los ampare.
Ante ese escenario, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Salud Pública, María Laura Ramírez, presentó un proyecto de ley que busca terminar con esa inseguridad y propone que los consumidores medicinales sean habilitados a sembrar, cultivar, producir y transportar las plantas y sus derivados.
“Es una ley que nace de las verdaderas necesidades de los usuarios. Quedó expuesto con la ley nacional de 2017 que no se puede legislar porque solo habla de una temática y no es extensiva a otras patologías”, resaltó la diputada de la Matanza.
La normativa presentada apunta a abordar tres ejes: la investigación médica y científica del uso del cannabis, el marco regulatorio para los tratamientos paliativos y, el marco para el tratamiento psicológico y emocional.
“Busca garantizar el cuidado integral de la salud, también se piensa en el desarrollo de los medicamentos derivados que van a poder ser desarrollados por los científicos en la Provincia. Sabemos que mejora notablemente la calidad de vida de niños y adultos que padecen diversas patologías”, enfatizó Ramírez.
En ese orden, se abre un guiño para la transformación que planifica el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, de apuntar a una morigeración de las penas para aquellas personas que son detenidas y se les abren causas judiciales por cultivar plantas de marihuana en sus casas. Esto nació a partir del análisis de la situación penitenciaria en la Provincia, que tiene altísimos niveles de ocupación y hacinamiento. Entonces, la idea es desocupar las plazas con aquellas personas que están detenidas por hechos menores que violan la llamada “ley nacional de drogas”.
“Esta es una ley en contra de la criminalización de las personas que hacen un uso medicinal del cannabis y derivados. Tenemos casos de familias que además de tener la angustia por el estado de salud de sus hijos y que también tienen el miedo a ser allanados por la situación de clandestinidad”, subrayó Ramírez.