Tras las protestas de efectivos de la Policía Bonaerense desarrolladas la semana pasada, la Justicia investigará a quienes realizaron un corte en la avenida Yrigoyen de Lomas de Zamora. La decisión se tomó de oficio y pese al compromiso de las autoridades provinciales de que no se sancionaría a policías.
Este tema había sido uno de las principales exigencias de los efectivos, en el marco del reclamo por recomposiciones salariales en la fuerza. Sin embargo, los jefes policiales no podían evitar que la Justicia investigue si, durante las marchas, se cometió algún delito como la sedición o el incumplimiento de deberes de funcionario público.
En distintas fiscalías dependientes de la Procuración General bonaerense se abrieron causas por denuncias de jefes policiales o se iniciaron expedientes de oficio por parte de representantes del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos varias causas derivadas de denuncias realizadas por jefes de Estación y de Comandos de Patrulla en los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora y San Martín”, explicaron fuentes judiciales.
Además, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, que investiga delitos complejos, abrió una causa de oficio para determinar si en alguna de las protestas se cometió algún delito por parte de los uniformados. “Ante versiones de que en las protestas se usaron móviles que tenían que estar de recorrida preventiva se inició una causa de oficio y se ordenaron distintas medidas de prueba”, agregaron fuentes de la causa.
Por su parte, desde el ministerio de Seguridad bonaerense se despegaron de las medidas tomadas por los fiscales: “Nosotros no manejamos la Justicia”, afirmaron funcionarios de dicha cartera acerca de si habrá sanciones para los manifestantes.
En el Departamento Judicial de San Martín no hubo denuncias formales, pero sí llamadas telefónicas de jefes de dependencias policiales de José C. Paz y de Malvinas Argentinas a los fiscales, comunicándoles que habían labrado actas. “Entiendo que al no hacer las presentaciones formales evitan denunciar a sus subordinados. Es decir que no abren sumarios administrativos, pero quieren que los fiscales les abran causas penales”, especuló una fuente judicial.