Jueces y fiscales bonaerense lanzaron una advertencia ante el aumento de casos de suicidios e intentos de suicidio que se viene registrando en los últimos meses en los institutos de menores de la provincia y pidieron “tomar medidas extraordinarias de cuidado” ante el agravamiento de las condiciones por el contexto de encierro y de aislamiento ante la pandemia de coronavirus.
El planteo fue expresado en un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a pocos días de la noticia de una nueva muerte por suicidio, ocurrida el martes pasado en el Instituto Almafuerte, en Melchor Romero.
En el comunicado difundido, los Magistrados de la Provincia expresan su “profunda consternación e irreparable dolor ante la muerte de un joven en el establecimiento de Seguridad para Adolescentes Almafuerte, en circunstancias que se encuentran bajo investigación y que han motivado la convocatoria a reuniones extraordinarias de la Comisión Provincial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil”.
“Este suceso se suma a lo ocurrido, en similares circunstancias de encierro y -aparentemente- del modo de deceso, hace dos meses con otro joven alojado en el Centro Cerrado Pablo Nogués. Debe destacarse que en esa oportunidad un segundo adolescente fue rescatado de un intento de autoeliminación y reanimado a tiempo”, agregaron.
“Las situaciones de estos establecimientos de seguridad, aún más preocupante en el actual contexto de restricciones en los contactos personales y familiares a que obliga la pandemia de Covid-19, impone la adopción de medidas excepcionales de atención y cuidado de cada uno de los detenidos. Es necesario optimizar la supervisión profesional sobre la población de adolescentes actualmente privados de la libertad en los distintos dispositivos especiales de confinamiento penal”, piden los jueces.
Además, advierten: “Como recurso de última y extrema necesidad, la privación de libertad de adolescentes bajo cargos de naturaleza penal debe ser ejecutada asumiendo y asegurando el funcionamiento institucional adecuado”.
Los jueces aseguran que para eso se requiere de “establecimientos, programas y servicios que garanticen el derecho a la salud, a la seguridad física, a la educación, a las relaciones familiares y personales de la población juvenil en situación de encierro, en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y sus documentos resultantes, y con apoyo en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran nuestra Constitución Nacional”.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, se pone a disposición para trabajar conjuntamente con los tres poderes del Estado en la inmediata solución de esta acuciante problemática”, finaliza el comunicado.