La Red Argentina para el Desarme, con el apoyo de 30 organizaciones nacionales e internacionales entre las que figura la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó al Congreso de la Nación que rechace el Decreto del ejecutivo que eliminó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y derogó todas sus funciones de prevención de la violencia con armas de fuego.
Dictado en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley N° 27.742 “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, restablece el Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR) retrotrayendo la política de control de armas al modelo de 1973.
Desde la RAD señalan que los diputados/as y senadores de la Nación tienen la facultad de rechazar el decreto y que la Comisión Bicameral debe pronunciarse sobre su validez. “La restitución del RENAR vuelve a poner como prioridad los intereses de los usuarios de armas de fuego, en detrimento de la seguridad pública. Esto no es una simple reestructuración administrativa para reducir el gasto público, es la desmantelación, sin ninguna intervención ni debate por parte del Congreso, del organismo encargado de controlar las armas de fuego y prevenir la violencia armada en nuestro país”, explican.

Según cifras oficiales, las armas de fuego provocan 6 de cada 10 homicidios en Argentina. Más armas en circulación implican mayor riesgo de que se usen en conflictos interpersonales (más del 50% de los homicidios con armas de fuego son por discusiones intrafamiliares), más niños y niñas expuestas a balaceras, masacres escolares o accidentes, y más femicidios y suicidios por tener armas en las casas.
Esta relación entre las armas de fuego y la proliferación de la violencia había sido reconocida por la propia Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su “Plan Territorial de Reducción de Homicidios” que dispone entre sus objetivos la disminución de la circulación y uso ilegal de armas de fuego y en el que se establecía como acción específica el “desarrollo de acciones preventivas, como programas y campañas de concientización sobre tenencia de armas de armas”, una de las funciones centrales de la ANMaC.
La eliminación de la ANMaC se articula además con una serie de medidas del Ejecutivo que incentivan la tenencia y circulación de armas de fuego como la flexibilización de la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos, usualmente utilizados en tiroteos masivos y masacres escolares (decreto 397/2025) y la reducción de la edad mínima para la tenencia legítima de armas de fuego, que pasó de 21 a 18 años (decreto 1081/2024).
“La reforma no es una discusión de diseño institucional, eficientización del Estado, o reducción del gasto público. La pregunta que nos interpela y urge es si estamos dispuestos a vivir en una sociedad armada”, señalan desde la RAD.