El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires hace pública la necesidad de sancionar reformas normativas que consagren un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense, a través de la Resolución N° 1003/20, planteó que la Administración de Justicia exige para su normal funcionamiento la asignación de recursos económicos suficientes, no sólo para atender las necesidades de infraestructura y actualización tecnológica, sino para cumplir con una política salarial apropiada de su personal, siendo el Superior Tribunal provincial, como cabeza de poder, quien debe determinar las remuneraciones de las y los magistrados, funcionarios y agentes judiciales.
Actualmente existe una diferencia muy grande en los sueldos de funcionarios y magistrados de la provincia de Buenos Aires con las otras jurisdicciones, ya que nuestra justicia ocupa el lugar 22 entre 24 existentes en materia de salarios. El poder adquisitivo de las remuneraciones judiciales, tomando solamente a partir del año 2018, ha sufrido una pérdida cercana al 49% frente a la inflación. Es necesario realizar una progresiva recomposición salarial para el Poder Judicial, que en forma gradual acote dicha brecha y permita preservar el poder adquisitivo.
Esta consagración legislativa permitiría también la creación y puesta en marcha de órganos y dependencias, así como la cobertura de las casi 600 vacantes existentes en cargos de magistrados. De persistir la situación imperante, y considerando el número de vacantes nuevas que se producen año a año, se llegará a una situación de paralización del servicio. Por esa razón, además de apoyar la autarquía financiera, el Colegio Provincial presentó en la Cámara de Diputados provincial un anteproyecto de ley para promover la celeridad de los concursos en el contexto de las restricciones sanitarias de la pandemia.
Herramientas
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la profunda convicción de que el Poder Judicial requiere de herramientas institucionales que permitan asegurar su independencia, ratifica su mayor disposición a trabajar con todos los actores del sistema de justicia en la construcción del camino que lleve a esa necesaria y postergada consagración legislativa.