Los diputados Guillermo Castello y Sebastián Pascual, del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja provincial, presentaron un proyecto con el que buscan derogar la Ley Micaela en la provincia de Buenos Aires. La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género en los tres poderes del Estado.
En los fundamentos, los diputados libertarios cuestionan la obligatoriedad de las capacitaciones en género y violencia contra las mujeres para los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al sostener que “imponen requisitos ajenos a la idoneidad necesaria para cada cargo público”.
Asimismo, apelando al siempre efectivo discurso en contra del adoctrinamiento, los diputados consideraron que la Ley funciona como “un caballo de Troya” para el ingreso de “militantes políticos” al Estado, que utilizan los cursos para “adoctrinar” o “bajar línea ideológica”. “Bajo la apariencia de capacitaciones neutras, se infiltran operadores partidarios que sostienen los aparatos de poder”, sostienen.
La Ley
Según explican desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia, a cargo de Estela Díaz, la Ley Micaela Bonaerense propone “la capacitación de todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado Provincial”. Asimismo, el Ministerio de Mujeres fue designado por el Poder Ejecutivo Provincial como la Autoridad de Aplicación de la Ley, es decir, es el responsable de certicar la calidad de las propuestas de capacitación presentadas por los Órganos de Implementación de cada uno de los tres poderes del Estado Provincial. Son los Órganos de Implementación designados por cada poder los responsables de dictar las capacitaciones.
La Ley fue denominada “Micaela” en conmemoración a Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en Gualeguay (provincia de Entre Rios) en 2017. El asesinato de Micaela visibilizó las fallas en los procesos de intervención estatal, a causa de la ausencia de abordajes con perspectiva de género, y evidenció la urgencia de formar y capacitar en materia de género a todas las personas que cumplen funciones en el Estado, en pos de construir políticas públicas integrales que enfrenten las desigualdades de género, las discriminaciones y apunten a terminar con las violencias hacia las mujeres y las personas LGBT.
