La propuesta de reforma del Código Penal lanzada por el gobierno de Javier Milei, e impulsada principalmente por quien era ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (hoy senadora), no está exenta de controversia. La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires lanzó una advertencia sobre el anteproyecto, que ya está en el Congreso, en lo que consideró una movida “precipitada” que puede acentuar el colapso del sistema carcelario.
“Queremos alertar sobre los riesgos de un tratamiento a libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado, tal como se viene planteando desde el propio gobierno”, expresaron en un comunicado la presidenta de la Red, María José Lescano, y su secretario, Julio Andrés Grassi.
“La sanción de una ley de estas características demanda un amplio y exhaustivo diálogo, que necesariamente debe involucrar a los especialistas en la ciencia jurídica, pero también a los operadores del sistema judicial que trabajan a diario en su aplicación”, advirtieron los magistrados. Por eso, reclamaron “ser convocados al debate parlamentario” para poder opinar al respecto.
“Resulta desaconsejable legislar de un modo exprés o sancionar el nuevo cuerpo normativo de manera precipitada, sin haber escuchado, en lo posible, a la mayor cantidad de expertos en la materia, acerca de la operatividad real de un nuevo Código Penal, y del impacto que el mismo habrá de producir en nuestras alicaídas cárceles”, advirtieron los jueces en su texto.
En otro tramo, advierten sobre “los riesgos a los que conduce una regulación punitiva cuyo único norte es la mayor severidad, abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional”.
Tras describir la situación de las cárceles bonaerenses, en las que “no existe nada parecido a una puerta giratoria, como repetida y erróneamente se insiste en medios de comunicación y redes sociales”, sino que “desde hace más de veinte años que las tasas de encierro vienen registrando un incremento exponencial”, los jueces de la Red anticiparon que “la creación de nuevos tipos penales, aumento de escalas punitivas para los existentes, formas más rigurosas de ejecución, y de una imputación más amplia con la adecuación de la parte general del Código Penal, únicamente agravarán el cuadro de situación descripto, sin que con ello se registre un correlato en las demandas de seguridad pública que se predican”.
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