El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para derogar una serie de artículos de la Ley 24.018 y toda otra disposición normativa que establezca un régimen previsional especial para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación, ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás funcionarios allí comprendidos.
“Esta ley, de 1991, otorga asignaciones vitalicias a quienes hayan ocupado los máximos cargos del Poder Ejecutivo bajo condiciones claramente privilegiadas y disociadas de los parámetros del régimen general del Sistema Integrado Previsional Argentino”, señaló.
El legislador del Pro, que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “Con este proyecto vamos a terminar con ese privilegio inmoral, injustificable e incompatible con los principios republicanos que deben regir una democracia moderna”.
El debate sobre los regímenes previsionales especiales no es nuevo, y de hecho surge recurrentemente cada vez que se discute sobre la situación de los jubilados que se encuentran con bajísimos haberes. Recientemente, el presidente Javier Milei en su discurso en la Sociedad Rural cuestionó al Congreso por no haber avanzado con este tema.
Según Milman, “con el régimen actual al menos 13 expresidentes y exvicepresidentes han percibido montos que superan ampliamente los $6.000.000 en valores actualizados a 2025, y representan un gasto fiscal que se ha vuelto financieramente injustificable en el contexto de una economía contraída y un sistema previsional colapsado”.
“El sistema previsional argentino presenta un déficit estructural que oscila entre el 2% y el 3% del PBI. Dependiendo del año y la metodología de cálculo, sumado a la baja densidad de aportes, alta informalidad laboral, y una marcada regresividad en la distribución de los beneficios, el 65% de los jubilados cobra haberes mínimos o cercanos al mínimo, y las sucesivas reformas estructurales han afectado la movilidad y la previsibilidad del sistema”, apuntó Milman.
En ese sentido, consideró que “en este contexto crítico, cada peso destinado a jubilaciones de privilegio es un acto de injusticia redistributiva, porque en una Argentina empobrecida, con jubilaciones mínimas que no alcanzan a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, con millones de trabajadores informales sin aportes, con generaciones enteras que se preguntan si alguna vez podrán jubilarse, no hay justificación alguna para que quienes detentaron el máximo poder institucional del país se retiren con beneficios millonarios, sin cumplir las condiciones ordinarias exigidas al resto de la ciudadanía”.
“No queremos eliminar el régimen especial por resentimiento, ni es un impulso de revancha, ni siquiera de una mirada punitiva. Surge de una convicción ética, política e institucional”, aclaró.
Finalmente, el diputado dijo que “eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes y exvicepresidentes no sólo aliviará marginalmente el gasto público, sino que además enviará un mensaje contundente a la sociedad: que la ley es pareja para todos, que nadie está por encima de ella, que el tiempo de los privilegios terminó y que empieza, de una vez por todas, el tiempo de la responsabilidad”.
