El gobernador Axel Kicillof autorizó una millonaria indemnización a favor de una de las sobrevivientes de la denominada Masacre de Monte y de su madre, en el marco de la demanda por daños y perjuicios iniciada contra la Provincia de Buenos Aires por la persecución policial ocurrida en mayo de 2019.
La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que faculta a la Fiscalía de Estado a celebrar un acuerdo transaccional con Rocío Magalí Quagliariello y Loana Sanguinetti, con el objetivo de poner fin al litigio judicial. Según la propia Provincia, la decisión busca evitar una eventual condena que podría derivar en un desembolso aún mayor.
De acuerdo con el convenio aprobado, Quagliariello recibirá una indemnización de $264.572.000, mientras que su madre percibirá $79.028.000, lo que eleva el monto total a $343.600.000. El pago se realizará en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas, que serán actualizadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC hasta la fecha de cada desembolso.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostiene que la transacción representa la alternativa “más conveniente para el interés fiscal”, ya que permite cerrar el conflicto evitando la continuidad del proceso judicial y los costos que podría implicar una sentencia desfavorable.
La causa tiene origen en la denominada Masacre de Monte, ocurrida el 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la Policía Bonaerense iniciaron una persecución contra un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes. El vehículo terminó impactando contra un acoplado luego de que los policías efectuaran disparos durante la persecución. Como consecuencia murieron Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, mientras que Rocío Quagliariello sobrevivió con graves lesiones.
El decreto recuerda que la responsabilidad de los policías fue establecida por la Justicia, que condenó a prisión perpetua a los efectivos considerados responsables de los homicidios, un antecedente que también fue tenido en cuenta al momento de evaluar la conveniencia del acuerdo indemnizatorio.
Con esta decisión, la Provincia busca cerrar uno de los capítulos civiles derivados de uno de los casos de violencia institucional más graves registrados en Buenos Aires durante los últimos años.
