Con la presencia del titular del Registro Nacional de Armas (ReNAr), el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado pasó a la firma el proyecto con media sanción de Regularización de Armas de Fuego y prórroga del Programa establecido en la Ley 26.216.
A pesar de que se incorporó en el temario un proyecto de Anabel Fernández Sagasti vinculado a este tema, los integrantes del interbloque Popular no participaron del tratamiento. El dictamen pasó a la firma con el aval de La Libertad Avanza, el radicalismo, el Pro, Provincias Unidas, el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) e Independencia (Tucumán).
La defensa del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2024, a cargo de Patricia Bullrich hoy senadora, tuvo como portavoz a Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ReNAr, quien presentó los números recolectados por su gestión: “Hay 595.204 armas de usuarios vencidos y 355.149 de armas de usuarios vigentes”.
El proyecto con media sanción
El texto dictaminado, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1° de octubre del 2024 cuando alcanzó 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención, como un reempadronamiento, propone, por un lado, un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean pistolas o revólveres de uso civil, condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.
Según lo planteado por Allan, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el funcionario bullrichista se mostró crítico de la gestión anterior y señaló que “técnicamente es correcto tratar los dos en uno porque son dos caras de la misma moneda”.
