En el marco de la política de gobierno electrónico impulsada por el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad, el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, doctor Julio Conte-Grand, y el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Berni, celebraron un convenio de trascendencia institucional que contribuirá a alcanzar los objetivos que las partes persiguen en materia de seguridad y de política e investigación criminal.
El objeto del convenio es la digitalización íntegra de la comunicación entre los funcionarios del Ministerio Público y el personal policial, que comprende el sumario policial como así también aquellos trámites que resulten necesarios para la sustanciación de la investigación penal.
Los trámites mencionados serán digitalmente recibidos por el Ministerio Público mediante la interoperabilidad entre el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) y el Sistema de Información Delictual (SID) del Ministerio de Seguridad. Ello importa un significativo avance en la implementación del expediente electrónico penal que comprende el conjunto de documentos o actuaciones ordenadas cronológicamente que sirven de sustento para la resolución del conflicto penal.
En concreto, la señalada iniciativa profundiza el trabajo coordinado entre los Agentes Fiscales y el personal policial. Por lo tanto, las pericias, los informes y otras medidas de prueba encomendadas por los Fiscales a la Policía serán canalizados en forma inmediata por medios telemáticos permitiendo mejorar la actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal en la Provincia.
De la misma manera, contribuye a facilitar la actividad de los Jueces, quienes tienen la función de velar por el efectivo control de las garantías constitucionales en el proceso. A su vez, las partes podrán acceder en forma digital a las actuaciones judiciales de acuerdo a la normativa vigente en la materia.
La integración aludida es, a su vez, la base del plan interinstitucional de compatibilización de estadísticas creado con el objeto de garantizar la comparabilidad, coherencia y pertinencia de los datos que se generan, respectivamente, en el ámbito del Ministerio Público y del Ministerio de Seguridad, a efectos de informar adecuadamente a la ciudadanía y trabajar en políticas, programas y proyectos del ámbito de competencia de cada uno de los organismos.
La presente iniciativa contribuirá a garantizar el acceso a la justicia, agilizar los procesos penales, seguir incrementando los niveles de transparencia institucional, optimizar los recursos humanos y técnicos de ambos organismos, avanzar en la despapelización, aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública y ampliar la información disponible para la toma de decisiones basadas en evidencia.
El fortalecimiento de las relaciones de coordinación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales resulta fundamental para incrementar las probabilidades de esclarecer un hecho delictivo. Para ello, es necesario que ambas instituciones trabajen conjuntamente unidas, conservando la identidad de sus roles.
Antecedentes
En la provincia de Buenos Aires, la aludida integración entre ambos organismos se inició, particularmente, a partir de la celebración de un convenio marco de colaboración que dio origen a la creación de una aplicación web denominada “MiSeg” que permite efectuar denuncias penales (por ejemplo: narcotráfico, robo y hurto, violencia familiar o de género, entre otras) desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet.
Las referidas denuncias digitales ingresan inmediatamente al SIMP generando un proceso penal que es recibido por el Agente Fiscal competente. El SIMP es una herramienta de gestión internamente desarrollada por el Ministerio Público que posee múltiples subsistemas, módulos y funcionalidades que, en lo que aquí interesa, facilita la gestión, el manejo y seguimiento digital del proceso penal.
Las denuncias penales formuladas en las dependencias policiales son registradas en el SID del Ministerio de Seguridad y derivadas automáticamente al mencionado sistema del Ministerio Público. Hasta el momento, se han generado más de 1.6 millones de denuncias bajo esta modalidad. Las medidas de prueba realizadas por el personal policial -tanto por iniciativa propia, en los casos que habilita la norma, o por disposición del Agente Fiscal-, ante la presunta comisión de un delito tramitan a través del sumario policial que, hasta la presente medida, constaba en soporte papel. Tal es el caso de las declaraciones de testigos presenciales del hecho delictivo, informes médicos, relevamientos vecinales en las cercanías de la escena del crimen, fotografías, entre otros elementos.