La Policía Bonaerense desplegó una serie de allanamientos en la Unidad Penitenciaria N° 31 de Florencio Varela tras una seguidilla de denuncias que exponen un complejo esquema donde hay acusaciones de corrupción e ilegalidad. Las actuaciones judiciales investigan a una organización delictiva, integrada por presos y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a la que se le atribuye el tráfico de drogas, extorsiones, trabajos forzados y el monopolio de servicios dentro de la cárcel.
Las denuncias, radicadas por familiares y detenidos del Pabellón N° 1, revelaron que la banda operaba bajo la complicidad de las autoridades penitenciarias. Entre las maniobras descriptas figuran el monopolio en la venta de alimentos y bebidas, la falsificación de traslados. Uno de los puntos más llamativos era el control del acceso a internet: la organización administraba antenas y cobraba a los internos cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000. El intento de otros reclusos por instalar su propio equipo a menor costo desató agresiones físicas y desplazamientos forzados.

El procedimiento principal se llevó a cabo la tarde del miércoles a cargo de la DDI de Quilmes, personal de la UFI 9 temática de delitos en el complejo carcelario -actualmente subrogada por la fiscal Roxana Giménez-. Los efectivos inspeccionaron celdas de los pabellones D y 1 del Módulo A, además de la oficina del subdirector del establecimiento; se secuestraron dispositivos, entre ellos del titular de la unidad, el procedimiento comprendió a personal del Ministerio de Justicia, entre otros.
- Imputados: 11 internos sumados a la causa.
- Secuestros: 13 teléfonos celulares (dos de ellos hallados directamente en el despacho del subdirector).
Antecedentes en la misma unidad
No se trata de un hecho aislado. Hace un año, la misma unidad penitenciaria fue intervenida por la UFI N° 9 en una causa que desarticuló una red de venta de estupefacientes. Aquella investigación determinó que utilizaban a las visitas como “mulas” para ingresar sustancias y abastecer a 13 sectores del penal, con apoyo logístico externo en el barrio Villa Azul.
En aquella oportunidad, la policía ejecutó 20 allanamientos (13 en el penal) y secuestró 1.342 dosis de cocaína, 98 de marihuana, armas, dinero y celulares, logrando la aprehensión de cuatro sospechosos y la notificación de otros seis.
La acumulación de causas reabre el debate sobre las condiciones de detención y los niveles de connivencia institucional en las cárceles bonaerenses.